El alto tribunal amparó los derechos de organizaciones de víctimas y calificó el arte callejero como un dispositivo de reconstrucción democrática. La Alcaldía y la Policía de Manizales deberán custodiar la obra durante seis meses.
En un fallo de enorme trascendencia para la libertad de expresión y la reparación simbólica en Colombia, la Corte Constitucional ordenó la protección integral del mural titulado ‘Las cuchas tienen razón’, ubicado en la ciudad de Manizales. La providencia judicial no solo prohíbe el borrado o sabotaje de la obra artística, sino que impone medidas pedagógicas y obliga a un servidor público a retractarse por promover acciones en su contra.
La histórica decisión de la Sala Tercera de Revisión —integrada por la magistrada Lina Marcela Escobar Martínez y los magistrados Juan Carlos Cortés González y Héctor Alfonso Carvajal Londoño (presidente)— resolvió de forma conjunta dos acciones de tutela con enfoques opuestos, sentando un precedente sobre el uso del espacio público para la memoria histórica del conflicto armado.
El origen de la batalla jurídica
El pronunciamiento del alto tribunal responde al estudio de dos recursos de amparo constitucional con argumentos contrapuestos:
- La tutela rechazada: Presentada por el ciudadano César García contra la Alcaldía de Manizales. García argumentaba que la frase ‘Las cuchas tienen razón’ incitaba al odio, la polarización y la desinformación, afectando la salud mental de los habitantes. La Corte negó sus pretensiones de borrar el grafiti.
- La tutela amparada: Interpuesta por Leo Ricardo Sierra (Secretario del MOVICE Eje Cafetero), Henry Ocampo Galvis (Corporación Reiniciar Caldas) y Leonardo Zuluaga Rubio (Grupo Nuevas Generaciones por la Paz). Los activistas demandaron al concejal de Medellín, Andrés Felipe Rodríguez Puerta, quien intervino físicamente el mural y convocó en redes sociales a manifestaciones en contra de la obra. La Corte protegió los derechos de las víctimas.
El arte como dispositivo de verdad
En las consideraciones del fallo, la Sala Tercera recordó el legado de la Comisión de la Verdad y enfatizó que, en escenarios de justicia transicional, las intervenciones artísticas en el espacio público como el muralismo no cumplen un fin meramente estético, sino que operan como herramientas de reconstrucción democrática y visibilización de dolores históricamente silenciados.
Específicamente sobre ‘Las cuchas tienen razón’, los magistrados resaltaron que los rostros pintados y la consigna rinden un homenaje directo a las mujeres buscadoras de personas desaparecidas. Invocando la Ley 2364 de 2024, la Corte recordó que estas mujeres gozan de un estatus reforzado de protección constitucional: «Cualquier intervención que desconozca, trivialice o estigmatice dicha labor debe ser examinada bajo un estándar constitucional particularmente exigente, a la luz de los principios de dignidad, no revictimización y acción sin daño», advirtió el tribunal.
Las órdenes dictadas por la Corte
Para materializar la protección de la expresión artística, la Corte Constitucional emitió un paquete de órdenes de inmediato cumplimiento para distintas autoridades y actores políticos:
- Al concejal Andrés Felipe Rodríguez: Deberá publicar una disculpa pública en sus redes sociales reconociendo la legitimidad del mural como ejercicio de memoria. Asimismo, se le ordenó abstenerse de promover o realizar actos de sabotaje, borrado o emisión de mensajes estigmatizantes contra las víctimas.
- A la Alcaldía y Policía de Manizales: Deberán diseñar e implementar, en un plazo inmediato, un protocolo de reacción rápida para evitar vandalismos en la obra. Dicho esquema de seguridad civil tendrá que mantenerse vigente por un periodo de seis meses.
- A las agencias de control (Defensoría de Caldas y Personería de Manizales): Se les ordenó ejecutar campañas pedagógicas masivas enfocadas en concientizar a la población sobre el valor de los derechos humanos y el respeto a las madres buscadoras.
Finalmente, la corporación judicial extendió un fuerte exhorto a todos los servidores públicos del país, con especial énfasis en aquellos que ocupan cargos de elección popular, instándolos a participar de manera activa y respetuosa en la protección de los procesos de reparación simbólica y memoria histórica del país.
