Un juez de control de garantías imputó el delito de extorsión a 17 personas señaladas de integrar una red criminal que realizaba llamadas extorsivas desde la cárcel de alta seguridad de El Barne, ubicada en el municipio de Cómbita. Entre los procesados se encuentran cinco integrantes del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).
De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General de la Nación, la organización operó de manera articulada entre enero y diciembre de 2025. La red estaba conformada por personal interno del penal y colaboradores externos, quienes se dividían las funciones para amedrentar a ciudadanos en diferentes regiones de Colombia.
El modus operandi consistía en que varios de los implicados recopilaban datos confidenciales de las víctimas, tales como sus actividades económicas, direcciones de residencia y detalles del entorno familiar. Posteriormente, esta información era entregada a los reclusos, quienes realizaban las llamadas telefónicas identificándose como miembros de estructuras armadas organizadas para exigir giros y consignaciones de dinero bajo amenazas.
Las capturas se ejecutaron en una operación coordinada con la Policía Nacional en Bogotá y en municipios de los departamentos de Boyacá, Antioquia, Atlántico, Santander, Norte de Santander, Caquetá y Valle del Cauca.
Entre los judicializados se encuentran los dragoneantes Javier Alexander Hernández, John Fredy Pineda, Cristian Mauricio Arcos, Brayan Esteven Salamanca y Deivis Maryu Forero. La Fiscalía sostiene que estos funcionarios abusaron de sus cargos de custodia para permitir el ingreso ilícito de teléfonos celulares y otros elementos indispensables para el funcionamiento de la red en los pabellones.
Durante las audiencias concentradas, un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales formuló los cargos, los cuales no fueron aceptados por ninguno de los 17 procesados. El juez del caso dictó medida de aseguramiento en centro carcelario preventivo para el dragoneante Forero, mientras que los demás vinculados seguirán bajo investigación del proceso judicial.
