Cielo Rusinque advirtió que el poder político no puede ser un escudo protector y pidió a la Fiscalía y a la Corte Suprema actuar con celeridad frente a las denuncias publicadas por Semana.
Un enérgico pronunciamiento emitió este martes el Gobierno Nacional tras el escándalo que salpica al exgobernador del Magdalena y excandidato presidencial, Carlos Caicedo. La ministra de Justicia encargada, Cielo Rusinque, calificó como «de una gravedad extrema y profundamente perturbadoras» las denuncias que cursan en contra del político por presuntos hechos de violencia sexual cometidos contra una niña y su madre.
El caso, que fue destapado el pasado sábado por la revista Semana, habría ocurrido en el año 2023. Para esa fecha, la menor de edad afectada tenía apenas ocho años y el señalado agresor se encontraba ejerciendo sus funciones oficiales como Gobernador del Magdalena.
Para la alta funcionaria, este episodio no es un hecho fortuito dentro del historial del líder político. «Las denuncias se suman a otros señalamientos de acoso sexual formulados previamente por varias mujeres. Esta acumulación de denuncias no puede leerse como una serie de hechos aislados: exige una mirada atenta a los patrones de abuso de poder que, con frecuencia, permanecen protegidos por el silencio, el miedo de las víctimas y la posición de quienes los ejercen», sentenció de forma contundente.
Llamado a los altos tribunales
Aprovechando su vocería institucional, Rusinque rechazó con firmeza cualquier agresión hacia los menores y recordó que, de comprobarse los hechos, el daño infligido a la menor trasciende en su desarrollo y seguridad. Debido a esto, hizo un llamado directo a la Fiscalía General de la Nación y a la Corte Suprema de Justicia —esta última competente debido al fuero que ostentaba Caicedo al momento del presunto crimen— para que aceleren los procesos de verificación mediante una investigación rigurosa, transparente e imparcial.
La ministra encargada enfatizó en la necesidad de rodear a las afectadas durante el proceso judicial: «Esa investigación debe garantizar en todo momento la protección, la dignidad y los derechos de las presuntas víctimas, evitando cualquier forma de revictimización en el curso del proceso». Sin embargo, aclaró que esto debe ir de la mano con el respeto al debido proceso y la presunción de inocencia para que la justicia sea legítima.
El poder no es un escudo
El mensaje final de la cartera de Justicia fue directo hacia las dinámicas de poder que suelen rodear a figuras de la esfera pública. Rusinque advirtió que ninguna trayectoria política, cargo o caudal electoral puede ser utilizado como argumento para relativizar un delito de esta magnitud o para evadir la acción de la ley.
«La protección de niñas, niños y adolescentes frente a toda forma de violencia sexual es un deber ineludible del Estado, de las instituciones y también de quienes ejercemos vocerías públicas», concluyó la funcionaria.
