Mientras las turbinas de las primeras cuatro unidades de Hidroituango inyectan sin pausa 1.200 megavatios de energía al país, en las regiones de la cuenca baja del río Cauca la palabra «prevención» genera más dudas que certezas. Una inspección de alto nivel liderada por la Procuraduría General de la Nación dejó al descubierto las profundas fisuras logísticas y presupuestales que enfrentan los municipios de Antioquia, Córdoba, Sucre y Bolívar para responder ante cualquier contingencia del megaproyecto.
El nudo de la controversia se centra en el calendario técnico de Empresas Públicas de Medellín (EPM). La organización planea llevar el nivel del embalse a su cota máxima de 420 metros sobre el nivel del mar entre octubre y noviembre de este año. La maniobra, clave para garantizar la estabilidad del sistema energético y avanzar en el montaje físico del 95,70 % de las unidades de generación 5 a la 8, coincide con un reporte crítico del IDEAM: existe un 82 % de probabilidad de que se consolide el Fenómeno de El Niño.
Municipios en quiebra ante la emergencia
La paradoja en el territorio es evidente. Mientras la ingeniería en la casa de máquinas avanza a contrarreloj, el sistema de gestión del riesgo en las regiones del área de influencia se sostiene con pinzas. El Ministerio Público constató un dato alarmante: el 18 % de las alcaldías locales carece por completo de planes de respuesta actualizados, y en el 82 % restante que sí los tiene al día, los alcaldes advierten que los documentos son letra muerta debido a la escasez absoluta de recursos económicos en sus presupuestos de inversión.
Esta vulnerabilidad territorial choca de frente con la realidad climática del país, que actualmente opera bajo el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica por cuenta de las inundaciones en el Chocó y el Caribe. Ante este panorama, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) emitió un requerimiento de urgencia para forzar a EPM a modificar de inmediato la regla de operación del embalse y blindar los planes de contingencia comunitarios.
El reto del silbato, un simulacro a cuatro bandas
Para destrabar el conflicto de gobernanza y calmar las alertas comunitarias, las autoridades fijaron una hoja de ruta con tres frentes de ejecución inmediata:
- Choque de resoluciones: Se instalará una mesa jurídica con el Ministerio de Minas para revisar las prohibiciones de aumento de cota que rigen sobre el proyecto desde la crisis del año 2019.
- Prueba de fuego del SAT: EPM estará obligada a financiar y ejecutar un macro-simulacro de evacuación en tiempo real que abarque a las poblaciones ribereñas de los cuatro departamentos, evaluando la efectividad real de las sirenas del Sistema de Alerta Temprana.
- Cuentas pendientes: La Procuraduría iniciará auditorías sobre los acuerdos de inversión social y compensación firmados con los habitantes de Buriticá, Briceño, Ituango, Toledo y Valdivia, quienes reclaman que el desarrollo de la megaobra no se ha traducido en seguridad para sus familias.
