El expresidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, asistirán este miércoles a una nueva audiencia de revisión en la corte federal de Manhattan. El trámite, que marca la tercera comparecencia de la pareja desde su captura en Caracas el pasado 3 de enero de 2026, servirá para evaluar el estado del proceso penal por cargos de narcoterrorismo e importación de cocaína, aunque no se prevé que se defina aún la fecha para el inicio del juicio oral.
La citación judicial estaba programada originalmente para el pasado 30 de junio. Sin embargo, la Fiscalía de los Estados Unidos solicitó formalmente el aplazamiento debido a que las agencias de seguridad pública de Nueva York tenían concentrado todo su pie de fuerza en el desarrollo del Mundial de Fútbol 2026, evento que concluyó este domingo con el título de España. Las autoridades argumentaron que postergar la fecha era «estrictamente necesario para evitar problemas de programación y garantizar un traslado terrestre seguro» de los sindicados.
Logística de traslado y dudas sobre el juez
El requerimiento exige la presencia física del matrimonio en la sala de audiencias. Por tal motivo, el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) desplegará un riguroso dispositivo de seguridad para custodiar el traslado de los detenidos desde la prisión federal de Brooklyn, donde Maduro permanece recluido desde hace más de medio año tras declararse «no culpable» en enero.
La sesión de este miércoles estará bajo la lupa técnica de los analistas debido a la condición de su administrador de justicia:
- El magistrado: El caso es conducido por el juez federal Alvin Hellerstein, de 92 años.
- Alertas técnicas: En la audiencia previa, el togado evidenció fatiga vocal y pequeños lapsus de memoria, despertando dudas entre expertos sobre su capacidad para liderar un litigio que se perfila largo y de extrema complejidad jurídica.
La estrategia de la defensa: inmunidad y nulidad
Los equipos legales de los acusados, bajo el liderazgo de los juristas Barry Pollack y Mark Donnelly, enfocarán sus esfuerzos en la clasificación de las pruebas del expediente y en radicar mociones previas. La defensa buscará controvertir la legalidad del procedimiento penal utilizando como argumento principal el método de captura ejecutado en la capital venezolana a inicios de año.
En las sesiones anteriores, los apoderados intentaron hacer valer la inmunidad de Maduro como jefe de Estado, mientras el propio político se autodefinía ante el tribunal como un «prisionero de guerra». Un reciente análisis de The New York Times respalda parte de los debates institucionales, sugiriendo que los tribunales norteamericanos podrían carecer de competencia territorial legítima para juzgar el caso debido a una ley ratificada por el propio Congreso estadounidense.
Maduro afronta cargos federales por conspiración para cometer narcoterrorismo y tráfico de estupefacientes, mientras que Flores es procesada por delitos conexos de importación de drogas y posesión ilegal de armas de fuego. Hasta el momento, el único alivio procesal otorgado ocurrió en abril, cuando la Casa Blanca flexibilizó temporalmente las sanciones económicas para permitir que el Ejecutivo venezolano transfiera los recursos correspondientes a los honorarios profesionales de los abogados estadounidenses a cargo del caso.
