Un ambiente de profunda incertidumbre se vive en la Zona de Ubicación Temporal (ZUT) del municipio de Valle del Guamuéz, donde un grupo de 99 excombatientes de los Comandos de la Frontera afronta el inicio del gobierno de Abelardo De La Espriella con el temor de que se desmonte el proceso de paz que los llevó a deponer los fusiles. Este contingente, integrado por 86 hombres y 13 mujeres, completó la dejación de armas hace apenas seis semanas, el pasado 18 de junio, como resultado de los diálogos iniciados en 2024 con la administración saliente de Gustavo Petro.
La agrupación armada a la que pertenecían operaba bajo la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, una estructura disidente de las antiguas FARC con fuerte presencia e influencia en los departamentos fronterizos de Putumayo y Nariño. La victoria electoral de De La Espriella el pasado 21 de junio y su promesa de campaña de desmantelar el programa de Paz Total e implementar una política de mano dura contra los grupos ilegales encendieron las alarmas dentro del campamento de reincorporación.
Historias de vida en la transición civil
Los días en la ZUT transcurren actualmente en dinámicas completamente alejadas del conflicto armado, enfocadas en la formación y la reconciliación personal. Los excombatientes dividen su tiempo en talleres comunitarios, partidos de fútbol, elaboración de murales artísticos, mantenimiento de jardines y el cuidado de semilleros de plantas medicinales.
Detrás de este tránsito a la legalidad existen relatos marcados por el desarraigo:
- El caso de Wilson Uraparí: Con 25 años de edad, ingresó a las filas insurgentes a los 19. Durante los seis años que permaneció en la selva perdió todo contacto con su madre, quien llegó a darlo por fallecido. Tras concentrarse en la ZUT, logró localizar a un pariente mediante redes sociales y, tras certificar su identidad con una fotografía de un documento antiguo, restableció la comunicación diaria con su progenitora. Su aspiración actual es cursar estudios universitarios de enfermería.
- El caso de Adrián Zambrano: Manifestó el temor colectivo que generó el triunfo del nuevo mandatario, pero enfatizó que la totalidad de los concentrados rechaza de manera tajante la opción de retornar a la violencia o empuñar nuevamente un fusil. Zambrano extendió una invitación directa al presidente entrante para que visite las instalaciones y conozca de primera mano la realidad interna del proceso.
Advertencias sobre la seguridad jurídica del Estado
La puesta en marcha de este espacio de concentración temporal fue catalogada como uno de los logros más significativos en la mesa de negociación antes del traspaso de mando de este 7 de agosto. Ante la posibilidad de un cierre o una interrupción del esquema de garantías, las delegaciones oficiales han fijado posturas de alerta.
Armando Novoa, jefe del equipo negociador del Gobierno saliente en estos diálogos, calificó una eventual desarticulación de la ZUT como un suicidio institucional por parte del Estado colombiano. El funcionario argumentó que frenar la hoja de ruta pactada a mitad de camino enviaría un mensaje destructivo a las organizaciones armadas sobre la falta de seriedad y continuidad en los compromisos estatales, destruyendo la confianza legítima de quienes apostaron por el retorno definitivo a la vida civil.
