A pocas horas de culminar su mandato este viernes, el Gobierno de Gustavo Petro declaró como reserva de recursos naturales renovables 483.283 kilómetros cuadrados de la Amazonía colombiana, una superficie que equivale a cerca del 42% del territorio nacional. La medida establece una restricción permanente que cierra por completo la puerta a la adjudicación de nuevas concesiones mineras, así como a futuros contratos de exploración y explotación de hidrocarburos, un sector que sí forma parte de las prioridades de su sucesor, el presidente electo Abelardo De La Espriella.
Alcance de la resolución y protección del ecosistema
La iniciativa se adoptó de manera oficial a través de la Resolución 0961 del Ministerio de Ambiente. Con este acto administrativo, el Gobierno saliente busca evitar el avance de actividades extractivas en el territorio amazónico para reducir la presión antrópica sobre sus fuentes de agua, bosques, ecosistemas y biodiversidad, considerando que esta región es el hogar del 10% de todas las especies conocidas en el planeta. Geográficamente, el área delimitada bajo esta protección comprende zonas específicas dentro de los departamentos de Amazonas, Caquetá, Guainía, Guaviare, Putumayo y Vaupés.
De acuerdo con los lineamientos del Ministerio de Ambiente, la medida tiene como objetivo central salvaguardar un ecosistema estratégico tanto para Colombia como para el resto del mundo, impulsando de forma complementaria diversas acciones de conservación, restauración y uso sostenible de los recursos naturales de la región.
Derechos adquiridos y antecedentes del proceso
La declaratoria estipula explícitamente el respeto a los derechos adquiridos con anterioridad a la entrada en vigor de la norma. Esto significa que los proyectos y actividades que actualmente cuentan con contratos, títulos o permisos vigentes podrán continuar sus operaciones regulares dentro de las condiciones y los plazos que les fueron establecidos inicialmente. Sin embargo, la resolución determina que dichas iniciativas no tendrán la posibilidad de extender su actividad mediante nuevas prórrogas una vez que finalicen las autorizaciones que tienen vigentes.
El camino legal para consolidar esta protección ambiental inició en el año 2025, periodo en el que el Ministerio de Ambiente presentó formalmente el proyecto de resolución para excluir a la Amazonía de la minería y la explotación de hidrocarburos. Posteriormente, la propuesta se sometió a un proceso de consulta previa junto a los pueblos indígenas que habitan la región, etapa que comenzó formalmente a finales de junio de este año antes de proceder con la adopción de la decisión definitiva firmada este viernes.
