La Juez 13 Penal del Circuito tomó la determinación tras el reclamo de la defensa del exrector. Pese a que la Fiscalía intentó demostrar a última hora que sí envió el documento a tiempo, un fallo técnico en la conexión virtual de la abogada forzó el aplazamiento para el 25 de agosto.
La audiencia de formulación de acusación programada para este miércoles 12 de agosto de 2026 contra el exrector de la Universidad Autónoma del Caribe, Ramsés Vargas Lamadrid, y los miembros del Consejo Directivo de la institución del año 2013, fue suspendida de manera sorpresiva. La Juez 13 Penal del Circuito de Conocimiento de Barranquilla accedió a la solicitud de aplazamiento interpuesta por la bancada de la defensa, en medio de un confuso episodio logístico e informático en la diligencia virtual.
La petición de suspensión fue sustentada por la abogada Diana Guevara, apoderada de Vargas Lamadrid, quien argumentó ante el estrado que la Fiscalía General de la Nación vulneró los plazos procesales al no correrle traslado formal del escrito de acusación con los tres días de antelación que exige estrictamente la norma penal colombiana.
Fiscalía cede por buena fe, pero halla pruebas de envío
Ante el reclamo de la defensa, la fiscal del caso, Betzaida Guerra, intervino inicialmente para respaldar la solicitud bajo el argumento de creer en el principio de buena fe de la contraparte y así blindar la actuación de una posible solicitud de nulidad del proceso en el futuro. Las demás partes procesales, incluyendo a Bianith Bohórquez—abogada de la exrectora Silvia Gette Ponce, quien será reconocida en este despacho como víctima formal—, se mostraron conformes con congelar la diligencia.
Sin embargo, el panorama cambió minutos después de que la togada decretara formalmente la suspensión. Tras revisar minuciosamente su bandeja de salida, la fiscal Guerra tomó de nuevo la palabra para aclarar que, contrario a lo expuesto por la defensa, el escrito de acusación sí había sido remitido de forma correcta y oportuna al correo electrónico de la abogada de Vargas.
Al intentar confrontar la situación, la imagen de la abogada Diana Guevara se congeló de forma imprevista en la plataforma virtual de la rama judicial y, segundos después, su usuario se desconectó de la sala digital de audiencias. Ante la imposibilidad de restablecer la comunicación, la jueza mantuvo en firme su decisión original de aplazamiento, pero le exigió a la Fiscalía radicar de inmediato la constancia técnica del envío del correo electrónico. La diligencia fue reprogramada de forma perentoria para el próximo 25 de agosto, advirtiendo la funcionaria que requerirá puntualidad absoluta y que no tolerará más dilaciones por incidentes similares.
El origen del expediente penal
El proceso judicial que hoy tiene bajo la lupa al Consejo Directivo de la Uniautónoma del año 2013 se remonta a noviembre de 2025, cuando la Fiscalía 32 de Patrimonio Económico imputó formalmente ante el Juzgado 16 Penal con control de garantías los delitos de fraude procesal y falsedad en documento privado a los directivos de la época. En esa sesión virtual, exmiembros de la junta directiva como Mariano Romero Ochoa, Paul García Visbal y Arturo González Peña se declararon inocentes y no aceptaron los cargos. Por su parte, Ramsés Vargas Lamadrid no compareció a la citación y fue declarado en contumacia (reo ausente).
La tesis del ente acusador sostiene que la junta del 2013 orquestó una elección irregular para entronizar a Vargas Lamadrid como rector de la institución, cargo que ostentó hasta marzo de 2018 cuando se desató una intervención del Ministerio de Educación por supuestos malos manejos de los dineros del Alma Mater.
De acuerdo con los estatutos internos del centro educativo, ante la licencia de seis meses que se le había otorgado a la entonces rectora en propiedad, Silvia Gette Ponce, el llamado por ley a asumir la suplencia era el vicerrector Mariano Romero. No obstante, el Consejo Directivo ignoró el conducto regular y sesionó para nombrar a Ramsés Vargas, a pesar de que este no fungía como suplente ni contaba con un nombramiento formal por parte de su padre, Eduardo Vargas Osorio, quien integraba la junta directiva de la universidad. Para la Fiscalía, el exrector fue posesionado sin reunir los requisitos estatutarios mínimos, lo que configuró una maniobra ilegal que sacó de la dirección a Silvia Gette, quien hoy actúa como parte civil afectada en el proceso.
