Con 73 votos a favor y 11 en contra, la cámara alta aprobó la licencia obligatoria por ley para que el exmandatario atienda compromisos académicos y políticos en el exterior. Sectores de la coalición de gobierno cuestionaron la medida argumentando un riesgo de fuga ante los procesos que cursan en su contra.
En medio de una sesión marcada por una intensa confrontación política entre las bancadas oficialistas y de oposición, la plenaria del Senado de la República aprobó este miércoles la proposición oficial que autoriza al expresidente Gustavo Petro Urrego (2022-2026) a salir del territorio nacional por el lapso de un año. La determinación parlamentaria se dio en estricto cumplimiento de los controles institucionales pospresidenciales que rigen en el país.
«Con 73 votos por el Sí y 11 votos por el No, fue aprobada la proposición que autoriza la salida del expresidente Gustavo Petro Urrego», notificó la corporación legislativa a través de un boletín emitido en su cuenta de la plataforma X. Petro había radicado la solicitud formal apenas 24 horas antes, acatando el numeral 3 del artículo 173 de la Constitución Política y el artículo 323 de la Ley 5ª de 1992, normativas que obligan a los exjefes de Estado a pedir permiso al Senado para abandonar el país durante el año siguiente a la culminación de sus funciones.
Alertas de fuga por parte del oficialismo
El debate en el maderamen del Capitolio Nacional se tornó agudo debido a las férreas objeciones presentadas por los congresistas cercanos a la actual administración. El senador Enrique Gómez Martínez, copartidario del partido de gobierno Movimiento de Salvación Nacional, lideró el bloque del ‘No’ lanzando graves advertencias sobre el estatus judicial del exgobernante.
«Permitirle al expresidente que abandone el país es permitirle que cometa otro delito más, el delito de fuga», aseveró Gómez Martínez, argumentando que Petro debe permanecer en suelo patrio para responder de forma directa por los cuestionamientos en seguridad, economía y transparencia que marcaron el cierre de su cuatrienio. El legislador oficialista, estrechamente ligado al nuevo jefe de Estado Abelardo De La Espriella, añadió de forma tajante: «Petro abandona el país con el permiso de esta cámara para no volver y para, fuera del país, seguir atentando contra la democracia colombiana».
Respaldo de las mayorías parlamentarias
Pese a los duros reproches del ala gubernamental, la solicitud de Petro fue cobijada por una sólida e incontestable mayoría absoluta. El respaldo técnico e institucional incluyó de forma sorpresiva los votos positivos de varios senadores del partido de derecha Centro Democrático, colectividad que ejerció como la principal fuerza de oposición durante el periodo presidencial del líder de izquierda.
En el trasfondo de esta confrontación se encuentra un tenso panorama de legitimidad política: el expresidente Petro ha manifestado públicamente que no reconoce la elección y el triunfo en las urnas del actual mandatario Abelardo De La Espriella, y se ha proclamado de manera formal como el director general de la oposición.
De igual forma, la autorización parlamentaria coincide con un escenario de fiscalización judicial complejo para el exmandatario, quien dejó el poder el pasado 7 de agosto. Actualmente, sobre Petro recaen más de un centenar de procesos e indagaciones preliminares que continúan su trámite regular en el muelle de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, célula legislativa encargada constitucionalmente de procesar a los aforados del Estado.
En la misiva enviada al Congreso, el exlíder del Pacto Histórico puntualizó que el objeto de su viaje al exterior por los próximos doce meses responde de forma exclusiva a la necesidad de «atender compromisos fuera del país de carácter personal, social, político y académico», abriendo una nueva etapa en el convulso ajedrez político nacional.
