La Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Barranquilla declaró improcedente una acción de tutela que buscaba tumbar el fallo que le impide volver al cargo. El abogado de Gette intentó, sin éxito, recusar a los magistrados.
Las pretensiones de la colombo-argentina Silvia Gette Ponce de retomar las riendas de la Universidad Autónoma del Caribe sufrieron un revés definitivo. La Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla negó y declaró improcedente una acción de tutela con la que la exrectora buscaba anular el fallo judicial que actualmente le impide regresar al cargo directivo.
Con esta decisión del alto tribunal, se mantiene en firme el fallo de segunda instancia contra el cual no proceden más recursos legales, sepultando de manera definitiva la posibilidad de que Gette asuma nuevamente la rectoría de la institución de educación superior.
La estrategia fallida de la defensa
El recurso constitucional fue interpuesto por el abogado de Gette, Breyner Enrique Altamiranda Peña, en contra del Juzgado Primero Penal del Circuito de Barranquilla. Como parte de la estrategia, el jurista radicó una solicitud de impedimento contra los magistrados de la Sala, argumentando que existían circunstancias que comprometían su imparcialidad para resolver el caso.
Específicamente, la defensa apuntó hacia el magistrado ponente Luigui José Reyes Núñez, señalando que ya había tenido una «intervención sustancial» en un trámite previo del proceso penal el pasado 3 de julio de 2026. Según el abogado, el magistrado debió declararse impedido para dejar sin efectos la providencia del 9 de octubre de 2026, día en que el Juzgado Primero Penal de Conocimiento revocó el restablecimiento de derechos de Gette.
Sin embargo, el Tribunal Superior rechazó de forma contundente los argumentos de la defensa y respaldó la competencia de la Sala:
- Improcedencia legal: El Tribunal aclaró que en este tipo de acciones constitucionales no resulta «viable invitar o sugerir al funcionario judicial que se declare impedido».
- Extemporaneidad: El fallo detalla que la petición del abogado fue presentada de forma tardía, concretamente después de que el proyecto de fallo ya hubiera circulado y fuera aprobado por los integrantes de la Sala.
- Unanimidad: «Ninguno de los miembros de esta Sala consideramos que estamos impedidos», sentenció el tribunal en su pronunciamiento de fondo.
El origen del extenso litigio judicial
La controversia jurídica por el control de la Universidad Autónoma del Caribe se remonta al pasado 8 de abril de 2026, cuando el Juez Segundo Penal Municipal con control de garantías de Barranquilla decidió suspender los efectos de un acta clave fechada el 20 de mayo de 2013.
En ese momento, dicho despacho consideró que el nombramiento de Ramsés Vargas Lamadrid como rector estaba presuntamente viciado de ilegalidad según los estatutos de la alma máter. Bajo esa premisa, el juez de primera instancia había ordenado el restablecimiento de derechos a favor de Silvia Gette, argumentando que la mujer había sido apartada del cargo de forma «ilegal» en 2013 mientras disfrutaba de una licencia para atender sus líos judiciales.
No obstante, ese polémico beneficio inicial fue revocado en su totalidad por el Juzgado Primero Penal de Conocimiento en la citada audiencia del 9 de octubre, una decisión que, tras el blindaje del Tribunal Superior de Barranquilla este martes, queda ratificada y ejecutoriada de forma definitiva.
