La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) profirió este martes 10 de noviembre de 2026 una histórica imputación por crímenes de guerra y de lesa humanidad contra once antiguos integrantes de la Fuerza Pública. Los comparecientes son señalados por su presunta responsabilidad en 32 masacres que dejaron un saldo de 284 personas asesinadas entre 1999 y 2001 en la subregión de los Montes de María.
Los máximos responsables y el patrón criminal
La decisión, adoptada por la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad, declaró como «máximos responsables de estos crímenes» a nueve antiguos miembros de la Armada Nacional y a dos de la Policía Nacional.
De acuerdo con el expediente de la JEP, los uniformados hicieron parte de un patrón de violencia sistemática contra la población civil. Este esquema operó bajo un alineamiento estratégico entre estructuras paramilitares, integrantes de la fuerza pública y otros actores regionales, manifestado a través de:
- Acuerdos de cooperación e intercambio de información de inteligencia.
- Facilitación de los desplazamientos de los bloques paramilitares.
- Omisiones deliberadas y tolerancia operacional para la comisión de los delitos.
- Acciones conjuntas para favorecer la ejecución o el ocultamiento de las masacres.
El tribunal de paz estableció que las comunidades campesinas de los departamentos de Bolívar y Sucre fueron estigmatizadas falsamente como supuestas colaboradoras de las extintas FARC. Este señalamiento convirtió sus liderazgos, actividades productivas y vínculos familiares en el criterio para seleccionar a las víctimas.
El Salado y Chengue: el horror en dos masacres emblemáticas
Dentro del universo de hechos investigados por la magistratura se incluyeron dos de los episodios más cruentos del conflicto armado en el Caribe colombiano:
- Masacre de El Salado (Febrero de 2000): Perpetrada en este corregimiento de El Carmen de Bolívar (Bolívar), donde grupos paramilitares asesinaron a por lo menos 60 personas.
- Masacre de Chengue (Enero de 2001): Registrada en el corregimiento de Ovejas (Sucre), con un saldo de 28 pobladores ejecutados.
La JEP acreditó que en ambos territorios, además de los homicidios, los civiles sufrieron torturas, intimidaciones masivas y desplazamientos forzados generalizados. Asimismo, la investigación documentó de manera detallada 107 víctimas de violencias basadas en género, violencia sexual y agresiones contra mujeres y niñas en 15 de las 32 masacres analizadas, utilizadas como mecanismos de castigo y sometimiento comunitario.
El futuro procesal de los comparecientes
Los once oficiales y suboficiales vinculados tienen ahora un plazo de 15 días hábiles para responder a la JEP por escrito. En esta etapa procesal deberán definir si reconocen los hechos y su responsabilidad, o si deciden controvertir la imputación.
- Si aceptan cargos: Al aportar verdad plena y detallada, los procesados podrán ser beneficiarios de sanciones propias con un enfoque restaurativo.
- Si rechazan cargos: Los expedientes serán remitidos a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA). De ser vencidos en un juicio adversarial y hallados culpables, podrían enfrentar penas ordinarias de hasta 20 años de prisión
