Rafael Castillo Pacheco deberá cumplir tres días de arresto y pagar una multa superior a los 5 millones de pesos por incumplir el reintegro del exjefe de Talento Humano, Salomón Mejía.
Por segunda vez en su gestión, el rector de la Universidad del Atlántico, Rafael Castillo Pacheco, se encuentra en el ojo del huracán judicial. El Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Puerto Colombia lo sancionó con tres días de arresto y una multa de tres salarios mínimos(aproximadamente $5.2 millones de pesos) tras declarar el desacato a una orden de tutela.
La decisión judicial surge tras el incumplimiento del fallo proferido el pasado 24 de febrero de 2026, el cual ordenaba el reintegro inmediato de Salomón Elías Mejía Sánchez a la jefatura del Departamento de Gestión del Talento Humano. Mejía, quien ocupaba el cargo desde 2018, fue declarado insubsistente el 26 de diciembre de 2025, un acto que, según la tutela, se habría cometido en plena Ley de Garantías, vulnerando sus derechos al trabajo, al debido proceso y al mínimo vital.
Argumentos del despacho
Pese a la orden de amparo, la universidad no materializó el reintegro, lo que llevó al afectado a promover un incidente de desacato. En el fallo de sanción, el despacho judicial fue tajante:
«Se concluye que la entidad accionada ha incumplido la orden tutelar… sin encontrar el despacho justificación a su actuar», señala el documento, confirmando la responsabilidad del rector bajo los términos del Decreto 2591 de 1991.
Un patrón de incumplimientos
Este no es un episodio aislado para la actual administración de la alma mater. Recientemente, Castillo Pacheco enfrentó una situación similar con el exvicerrector de Bienestar Universitario, Álvaro González.
En aquel caso, para evitar remover al funcionario nombrado recientemente, la Rectoría optó por la creación de una nueva dependencia, una maniobra que generó cuestionamientos administrativos. Sin embargo, en el caso de Salomón Mejía, la justicia ha decidido escalar la sanción ante la falta de acciones concretas para restituir sus derechos laborales.
Hasta el momento, la Universidad del Atlántico no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre cómo procederá ante la orden de arresto que pesa sobre su representante legal.
