El exdirector es señalado de direccionar contratos de carrotanques para La Guajira, permitiendo la apropiación de más de 24.000 millones de pesos en recursos públicos.
La Fiscalía General de la Nación dio un paso decisivo en uno de los escándalos de corrupción más graves de los últimos años al radicar el escrito de acusación contra Olmedo López Martínez, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). López es señalado como pieza central en un entramado criminal que saqueó millonarios recursos destinados a la atención de emergencias.
El ente acusador le atribuye los delitos de concierto para delinquir agravado y peculado por apropiación agravado. Según las pruebas recaudadas, López habría utilizado su cargo para favorecer a contratistas específicos mediante el direccionamiento de órdenes de proveeduría, especialmente en proyectos destinados a comunidades indígenas en La Guajira.
El millonario desfalco de los carrotanques
La investigación se centra en dos contratos clave de 2023:
- Los 40 grandes carrotanques: Un contrato de $48.600 millones donde, según la Fiscalía, López habría recibido una dádiva personal de $724 millones, permitiendo además que terceros se apropiaran de $13.340 millones.
- Los 40 carrotanques pequeños: Una orden de proveeduría por más de $29.000 millones a favor de una corporación mixta indígena, que habría resultado en un sobrecosto y apropiación indebida de $11.114 millones.
En total, la Fiscalía estima que el detrimento patrimonial facilitado por el exdirector supera los 24.000 millones de pesos.
Sentencia anticipada
Pese a la gravedad de las acusaciones, el proceso podría acortarse. Antes de la radicación del escrito, Olmedo López, a través de su defensa, manifestó por escrito su voluntad de aceptar los cargos y someterse a una sentencia anticipada. Este movimiento busca, probablemente, obtener beneficios procesales a cambio de su colaboración para desenredar por completo la red de corrupción que operaba dentro de la entidad.
Con esta acusación, el caso pasa ahora a manos de un juez de conocimiento, quien deberá validar la aceptación de cargos y tasar la pena que deberá pagar el exfuncionario.
