El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, sepultó de manera explícita cualquier posibilidad de alternancia democrática en el país centroamericano. Durante un acto de masas en Managua por la conmemoración del 47 aniversario de la revolución sandinista, el mandatario de 80 años sentenció que su régimen no permitirá procesos electorales que pongan en riesgo el control absoluto del oficialismo.
«Pero que se olviden: aquí no volverán a haber elecciones para que por allí intenten ellos (la oposición) atrapar el Gobierno, atrapar el poder», lanzó con vehemencia el exguerrillero, quien gobierna de forma ininterrumpida desde 2007 en medio de sistemáticas denuncias de fraudes y de la anulación judicial de sus competidores.
Blindaje legal contra la oposición y reformas a la medida
Ortega anunció que trabajará de la mano con la Asamblea Nacional—órgano totalmente subordinado a la Presidencia—para endurecer el marco jurídico y bloquear cualquier aspiración de los líderes opositores que se encuentran en el exilio. «Vamos a trabajar las leyes para que le pongan un muro, un bloque, a los golpistas, a los vendepatrias, y que por mucha plata que le den los yanquis (EE. UU.), no podrán», enfatizó.
Esta declaración se da bajo el nuevo ordenamiento de la profunda reforma a la Constitución Política que entró en vigor a mediados de febrero de 2025, la cual transformó el Estado nicaragüense al eliminar formalmente el balance de poderes:
- Poder Total: Otorgó facultades absolutas al Ejecutivo para «coordinar» a los demás órganos estatales, que dejaron de denominarse poderes públicos.
- Copresidencia institucional: Legalizó el cargo de «copresidenta» para la primera dama Rosario Murillo, quien cogobierna junto a Ortega y ejercía como vicepresidenta desde 2017.
- Extensión de mandato: Amplió el periodo presidencial de cinco a seis años, postergando teóricamente los comicios generales que correspondían a noviembre de 2026 para noviembre de 2027, además de constitucionalizar la figura de la apatridia.
Rechazo y condena de la comunidad internacional
El andamiaje normativo del régimen sandinista ha sido duramente criticado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la OEA y el Parlamento Europeo. En enero pasado, el Departamento de Estado de los Estados Unidos lanzó duras acusaciones contra Rosario Murillo, señalando que se «inventó» el cargo de copresidenta sin contar con elecciones, mandato ni legitimidad de origen.
La diplomacia estadounidense advirtió que la pareja gubernamental «cobardemente ha negado a los nicaragüenses el derecho al voto democrático porque sabe que no puede ganar» un proceso libre, concluyendo de manera tajante que el poder basado puramente en la represión y la manipulación constitucional jamás representará la voluntad del pueblo.
