La Fiscalía General de la Nación judicializó a Queila Maryuri Orozco Trujillo, empleada de un banco en La Dorada (Caldas), señalada de ser la pieza clave de una red de extorsión carcelaria que operaba desde el centro penitenciario Doña Juana.
Según la investigación, la mujer aprovechaba su cargo para suministrar información privilegiada de los clientes a presos de dicha cárcel. Con estos datos, los delincuentes suplantaban a las víctimas para tramitar créditos a su nombre. Una vez el dinero era desembolsado, Orozco alertaba a los cabecillas, quienes procedían a realizar llamadas extorsivas e intimidatorias para apropiarse de los recursos.
Las autoridades hallaron evidencia de más de 670 comunicaciones entre la funcionaria y el articulador de la estructura criminal. Por estos hechos, se le imputó el delito de concierto para delinquir con fines de extorsión; aunque no aceptó los cargos, un juez le dictó medida de aseguramiento en su domicilio.


