sábado, agosto 15, 2026
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Corte Constitucional tumba emergencia económica de Petro

Con una votación de 6 a 2, el alto tribunal declaró inexequible el decreto con el que el Ejecutivo buscaba recaudar fondos tras el hundimiento de la reforma tributaria en el Congreso.

La Sala Plena de la Corte Constitucional puso punto final a las pretensiones del Gobierno Nacional de legislar bajo medidas extraordinarias. Este jueves, el alto tribunal declaró inexequible el Decreto 1390 de 2025, mediante el cual el presidente Gustavo Petro había declarado el Estado de Emergencia Económica en todo el país.

La decisión, contenida en la sentencia C-075 de 2026, tuvo como ponente al magistrado Carlos Camargo Assis y contó con el respaldo mayoritario de seis magistrados. Con este fallo, la declaratoria de emergencia queda sin sustento legal, dejando al Gobierno sin las facultades excepcionales que pretendía utilizar para sortear el bache fiscal del presupuesto nacional.

El origen de la medida

El Gobierno había acudido a este mecanismo el pasado 22 de diciembre, apenas dos semanas después de que el Congreso de la República hundiera el proyecto de reforma tributaria. Con dicha reforma, el Ejecutivo buscaba recaudar 4.465 millones de dólares necesarios para completar el presupuesto de 2026.

Ante el fracaso legislativo, el decreto de emergencia pretendía implementar por vía administrativa medidas de choque que incluían:

  • Nuevos impuestos a los licores.
  • Una sobretasa al sector financiero.
  • Ajustes en el impuesto al patrimonio para personas naturales.

Un freno a las medidas extraordinarias

La Corte ya había suspendido provisionalmente el decreto en enero pasado, y con este fallo definitivo ratifica que no se cumplían los requisitos constitucionales para saltarse el debate ordinario en el Congreso.

Al quedar el decreto sin efecto, el presidente Petro pierde la herramienta con la que buscaba obtener recursos de manera inmediata, lo que obliga al Ministerio de Hacienda a buscar alternativas dentro del marco legal ordinario o a enfrentar un fuerte recorte en el gasto público para la vigencia de 2026.

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