La corporación calificó como una «grave vulneración a la autonomía judicial» las intimidaciones del grupo ‘Los Porteños’. Exigen medidas urgentes para garantizar la vida de los togados.
El Tribunal Superior de Barranquilla emitió este jueves un contundente pronunciamiento en rechazo a las amenazas de muerte que han recibido los jueces que ejercen en el municipio de Puerto Colombia. A través de un comunicado oficial, la corporación advirtió que estas acciones de coacción representan un ataque directo a los pilares del Estado Social de Derecho.
“La circulación de panfletos y otras formas de presión ilegítima, orientadas a incidir en las decisiones judiciales, constituye una grave vulneración a la autonomía e independencia judicial”, sentenció el Tribunal, subrayando que bajo ninguna circunstancia se permitirá que vías de hecho condicionen el criterio de los administradores de justicia.
Intimidación bajo la lupa
La alerta se encendió la noche del pasado miércoles, cuando empezó a circular un pasquín firmado por la supuesta organización criminal ‘Oficina Los Porteños’. En el documento, el grupo delincuencial declara «objetivo militar» a los jueces que se nieguen a liberar a sus integrantes capturados o que no colaboren en procesos de adjudicación y recuperación de tierras.
El panfleto, que ya está siendo analizado por expertos en inteligencia de la Policía Nacional para verificar su autenticidad, detalla que el grupo criminal tiene plenamente ubicados los horarios y lugares de residencia de los funcionarios.
Llamado a la urgencia
Ante la gravedad de las intimidaciones, el Tribunal Superior instó a los organismos de seguridad del Estado a actuar sin dilaciones. “Instamos a las autoridades pertinentes a adoptar, con carácter urgente, las medidas necesarias para garantizar la integridad personal de los jueces amenazados”, precisa el documento.
Esta reacción institucional se suma a las estrategias ya activadas por la Alcaldía de Puerto Colombia y la Unidad Nacional de Protección (UNP), que buscan blindar las sedes judiciales y las viviendas de los togados para evitar que el ejercicio de la justicia sea silenciado por la criminalidad.
