El Frente de Guerra Oriental de la guerrilla anunció un supuesto «juicio revolucionario» contra los funcionarios retenidos desde mayo. El Gobierno Nacional rechazó la legitimidad del grupo y recordó que el secuestro conlleva penas de hasta 40 años de cárcel.
En un hecho que desafía la institucionalidad y los derechos humanos, el Frente de Guerra Oriental del ELN anunció los resultados de un supuesto «juicio revolucionario» contra los agentes del CTI, Jesús Antonio Pacheco Oviedo y Rodrigo Antonio López Estrada, quienes permanecen secuestrados desde el pasado 8 de mayo de 2025.
A través de un video difundido en redes sociales, la organización insurgente —con la que recientemente fracasaron los diálogos de paz— detalló las «condenas» impuestas a los funcionarios. Pacheco Oviedo fue sentenciado por el grupo criminal a 60 meses (5 años) de prisión, mientras que para López Estrada la pena se fijó en 55 meses (4 años y 7 meses).
Los cargos de la guerrilla
El ELN justificó estas medidas bajo acusaciones de espionaje, vinculación de menores al conflicto y ejecución de «falsos positivos judiciales». Según el comunicado del grupo, los agentes podrían recibir rebajas de pena de hasta el 60% por «buen comportamiento» o contribución al esclarecimiento de los hechos. Asimismo, abrieron la puerta a una posible liberación mediante un intercambio humanitario, una figura que el grupo ha intentado reactivar tras el cierre de las mesas de negociación.
«Es un secuestro, no un juicio»: Ministro de Defensa
La respuesta del Gobierno Nacional no se hizo esperar. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, desestimó cualquier validez legal de las actuaciones del ELN y enfatizó que el grupo no posee facultades judiciales en el país.
«El ELN no es ningún organismo del Estado colombiano, todo lo contrario, es una amenaza contra el pueblo colombiano», declaró Sánchez en entrevista con Caracol Radio. El jefe de la cartera de Defensa fue enfático al señalar que este acto constituye un secuestro agravado: «Por este delito que están cometiendo, incluso se enfrentan a una pena de hasta cuarenta años de prisión«.
La situación de los agentes Pacheco y López escala la tensión humanitaria en la zona de influencia del Frente de Guerra Oriental, mientras diversos sectores de la sociedad civil exigen la liberación inmediata y sin condiciones de los funcionarios, recordando que el sistema judicial colombiano es el único legítimo para procesar a cualquier ciudadano.
