El alto tribunal calificó de “incendiario” el tono del mandatario y advirtió que la desinformación pone en peligro la integridad física de los magistrados.
La tensión entre el Gobierno Nacional y la Rama Judicial alcanzó un nuevo máximo tras la respuesta oficial del Consejo de Estado a las críticas del presidente Gustavo Petro. El conflicto se originó luego de que el tribunal suspendiera el decreto que pretendía trasladar $25 billones de fondos privados a Colpensiones, decisión que el mandatario tildó como una medida para “salvar a banqueros”.
Un llamado a la separación de poderes
A través de un contundente comunicado, el Consejo de Estado rechazó lo que consideró un «tono incendiario» por parte del jefe de Estado. El tribunal enfatizó que el control judicial no es un obstáculo para la democracia, sino su principal garantía.
«A poderes mayores, mayores controles; a poderes desbordados, controles efectivos e inmediatos», sentenció la corporación, recordándole al Ejecutivo que la legitimidad de los jueces proviene directamente de la misma Constitución y de la voluntad del poder constituyente que el propio Gobierno suele invocar.
Alerta por hostigamientos y seguridad
El alto tribunal expresó su profunda preocupación por la «descontextualización» de los fallos judiciales, advirtiendo que este tipo de señalamientos desde la Casa de Nariño se traducen en hostigamientos contra los magistrados. Según el comunicado, la libertad de expresión no puede ser usada para emitir mensajes que «amenazan la integridad física de las personas» al intentar judicializar a quienes simplemente cumplen con su deber legal.
Respaldo institucional masivo
A la defensa de la independencia judicial se sumaron otras voces de peso en el país:
- Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial: Recriminó los señalamientos del presidente y recordó que el respeto a la separación de poderes es la base del Estado de Derecho.
- Procuraduría General de la Nación: El procurador Gregorio Eljach respaldó al Consejo de Estado, calificando a la Rama Judicial como la «piedra angular» de la democracia. Eljach le recordó a Petro que toda autoridad está obligada a acatar las providencias judiciales, independientemente de si las comparte o no.
Con este pronunciamiento, las altas cortes y los organismos de control envían un mensaje de unidad frente a lo que consideran una amenaza a la autonomía judicial y al ordenamiento jurídico de la nación.
