La violencia en la Amazonía mutó de ser un problema aislado de crimen organizado a una crisis de seguridad regional que amenaza la supervivencia de comunidades indígenas, acelera el ecocidio y consolida sistemas de gobierno paralelos ante la inoperancia de los Estados. Así lo advierte el centro de pensamiento International Crisis Group en su informe ‘Proteger la Amazonía’, donde documenta la expansión transnacional de redes criminales de Brasil, Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia y Venezuela mediante un portafolio de economías ilícitas altamente sofisticado.
El dossier revela que facciones criminales brasileñas lideran una colonización hacia países vecinos para controlar rutas fluviales estratégicas. En estos territorios, las mafias imponen esquemas de seguridad, justicia, extorsión y control de movilidad, confinando a las poblaciones originarias bajo regímenes de terror que no se denuncian por la ausencia de autoridades judiciales y el miedo a represalias armadas.
El auge del oro ilegal sobre la cocaína
La investigación destaca un cambio estructural en las finanzas de las redes criminales: el oro ilegal desplazó al narcotráfico como el principal motor de disputas territoriales y destrucción ambiental. Las razones de este fenómeno responden a ventajas logísticas y financieras críticas:
- Rentabilidad y lavado: El mineral genera ganancias más rápidas y requiere menor infraestructura que el tráfico de cocaína, facilitando el blanqueo de capitales.
- Infiltración comercial: Los grupos delincuenciales aprovechan la corrupción aduanera y los vacíos legales para mezclar el oro extraído con mercurio en zonas protegidas dentro de los circuitos de exportación formal hacia mercados internacionales.
- Polirrubro criminal: Las mismas estructuras financieras y rutas logísticas son utilizadas simultáneamente para el narcotráfico, la tala ilegal de madera, el tráfico de fauna y el acaparamiento de tierras con fines de ganadería extensiva.
El fracaso de la militarización y la frontera triple
Crisis Group identifica como el principal foco rojo a la triple frontera entre Brasil, Colombia y Perú. En este nodo geográfico, la débil cooperación judicial y policial entre los tres gobiernos permite el libre movimiento de los delincuentes entre jurisdicciones para evadir persecuciones.
El informe lanza una dura crítica a las respuestas de los gobiernos centralistas, enfocadas en la militarización temporal de la selva. Estas operaciones solo desplazan el delito de un punto a otro sin desmantelar las economías de fondo, al tiempo que profundizan la desconfianza de las comunidades nativas hacia las fuerzas armadas. Un ejemplo crítico ocurre en la Amazonía colombiana, donde la desmovilización de las FARC en 2016 dejó un vacío de poder que hoy se disputan nuevas facciones mediante la apertura de carreteras ilegales y la deforestación.
La organización concluye que si los compradores internacionales de materias primas no blindan sus cadenas de suministro y si los Estados no reemplazan los batallones por instituciones civiles permanentes (jueces, servicios básicos y alternativas económicas legales), la Amazonía rebasará un «punto de no retorno» ambiental de carácter irreversible.
