El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses entregó la tarde de este jueves 21 de mayo el dictamen definitivo sobre el fallecimiento de Yulixa Consuelo Toloza Rivas, la mujer de 52 años que desapareció tras someterse a un procedimiento cosmético.
Los análisis científicos concluyeron que la causa de muerte fue una embolia pulmonar ocurrida en el interior del centro estético ilegal ‘Beauty Láser M. L.’, ubicado en el barrio Venecia, al sur de la capital. La necropsia confirmó que el deceso se produjo el mismo 13 de mayo, día en que se le practicó una lipólisis láser. El cuerpo de la víctima fue hallado casi una semana después en una zona boscosa de la vereda La Naveta, en el municipio de Apulo, Cundinamarca.
El dictamen médico como prueba reina
De acuerdo con el informe forense, la embolia pulmonar —un bloqueo súbito de una arteria de los pulmones provocado por un coágulo— desató una emergencia médica grave que requería atención especializada inmediata. Las autoridades enfatizaron que el deterioro de la salud de Toloza Rivas fue irreversible debido a la falta de personal calificado y de equipos de reanimación en el establecimiento clandestino.
Este resultado pericial se convierte en la prueba técnica central de la Fiscalía General de la Nación para sustentar el proceso de judicialización contra los presuntos responsables, demostrando que la mujer falleció en la clínica y no durante su posterior traslado hacia el departamento de Cundinamarca.
Una red de encubrimiento por $800.000
Por este caso se encuentran capturados de manera preventiva Jesús Hernández Morales y Kelvis Sequera Delgado, dos ciudadanos de nacionalidad venezolana. La Fiscalía les imputó los delitos de homicidio agravado, desaparición forzada y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio.
Las investigaciones señalan que María Fernanda Delgado, propietaria de la estética ilegal ‘Beauty Láser’, junto con su esposo (también capturado), habría ordenado desaparecer el cadáver. El ente acusador sostiene que Delgado ofreció la suma de 800.000 pesos a Hernández y Sequera para financiar el transporte y la movilización del vehículo utilizado para trasladar y abandonar el cuerpo de la víctima en la carretera solitaria de Apulo.
