La Procuraduría General de la Nación alertó que, tras 19 meses de intervención administrativa, no se evidencian resultados estructurales que garanticen la viabilidad de la electrificadora Air-e S.A.S. E.S.P. Ante este escenario, el ente de control requirió formalmente a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD) y a la agente interventora, Tania Patricia Peñaranda Zuleta, para que expliquen los avances operacionales y financieros alcanzados en el proceso.
Alertas por pasivos y falta de auditorías
Al Ministerio Público le preocupa la ausencia de estados financieros plenamente verificados y la falta de publicación de los informes de auditoría correspondientes. Asimismo, el organismo advirtió sobre el aumento sostenido del pasivo corporativo de la empresa y las presuntas irregularidades contractuales que se han dado a conocer públicamente.
A la inestabilidad financiera se suma la falta de continuidad administrativa. La Procuraduría señaló que la constante rotación de interventores —cinco administraciones hasta la fecha— afecta directamente la continuidad y la trazabilidad técnica, administrativa y documental de la intervención.
Exigencias y hoja de ruta
Frente a la incertidumbre sobre el futuro de la prestación del servicio de energía, el ente de control solicitó a la SSPD la remisión de una hoja de ruta actualizada para la compañía, junto con el detalle de los mecanismos de empalme utilizados entre los diferentes interventores.
De igual manera, Air-e deberá entregar a la Procuraduría los estados financieros auditados desde septiembre de 2024, una relación precisa de los contratos que superen los 500 millones de pesos y un plan de acción concreto y estructurado para atender las millonarias obligaciones acumuladas con el mercado energético.
