El conflicto político y social en Bolivia escaló este domingo tras las declaraciones del exmandatario Evo Morales (2006-2019), quien aseguró que el presidente Rodrigo Paz se encuentra ante una encrucijada definitiva debido a las protestas que exigen su dimisión. A través de su cuenta en la red social X, el líder cocalero advirtió que el jefe de Estado debe elegir entre «una decisión suicida como militarizar» o convocar a elecciones generales en los próximos 90 días para garantizar una transición constitucional y evitar más violencia.
Bloqueos, desabastecimiento y fracaso del diálogo
La crisis en el país andino se agudiza tras 19 días de intensos bloqueos de carreteras que mantienen aisladas a las ciudades de La Paz y El Alto, afectando también las fronteras con Perú y Chile. Esta situación ha generado un grave desabastecimiento de alimentos, combustibles e insumos médicos esenciales como el oxígeno medicinal.
En la víspera, un intento del Gobierno por habilitar un «corredor humanitario» en la ruta estratégica terminó en fracaso; los manifestantes repelieron el convoy con cargas de dinamita y piedras, a lo que las fuerzas policiales respondieron con gases lacrimógenos. Morales cuestionó la voluntad de diálogo del Ejecutivo mientras se mantienen abiertas denuncias penales contra los dirigentes de las movilizaciones, las cuales son impulsadas por campesinos, seguidores del expresidente y la Central Obrera Boliviana (COB).
Órdenes de captura y acusaciones mutuas
Por su parte, el Gobierno de Rodrigo Paz —quien según Morales llegó a la presidencia «por accidente»— acusa formalmente al exmandatario de promover y financiar las protestas con el único objetivo de «esquivar» los requerimientos de la justicia.
El entorno judicial de Morales es complejo:
- Refugio en Cochabamba: Desde octubre de 2024, Morales permanece atrincherado en el Trópico de Cochabamba, su bastión político, custodiado por centenares de seguidores que impiden su detención.
- Declaratoria de rebeldía: El pasado 11 de mayo, un tribunal de Tarija lo declaró en rebeldía y emitió una nueva orden de aprehensión al no presentarse al inicio de un juicio en su contra por presunta trata agravada de personas, relacionado con una menor de edad en 2016. El juicio se encuentra suspendido hasta que el procesado comparezca o sea capturado.
Finalmente, Morales atribuyó el debilitamiento del Gobierno a una supuesta «intromisión» de los Estados Unidos en los asuntos internos de Bolivia, señalando directamente las gestiones del secretario de Estado, Marco Rubio, y del asesor político argentino Fernando Cerimedo, situaciones que, según el líder cocalero, están llevando la gestión de Paz directo al fracaso.
