La empresa Triple A anunció este domingo que obtuvo una decisión favorable en el marco del proceso arbitral que adelantaba contra el municipio de Soledad, Atlántico. El Tribunal de Arbitramento de la Cámara de Comercio de Bogotá emitió un laudo relacionado con la prestación de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado, eximiendo a una parte mayoritaria de la infraestructura local de pasar a manos del ente territorial al término del vínculo contractual.
El alcance de la decisión arbitral
De acuerdo con lo informado por la compañía, el fallo del tribunal reconoce formalmente las siguientes condiciones operativas y jurídicas:
- Libre competencia anterior: Ratifica que Triple A ya prestaba los servicios de acueducto y alcantarillado bajo el esquema de libre competencia antes de la firma del contrato de concesión suscrito en el año 2001.
- Exclusión de bienes concesionados: Establece que la infraestructura física y el mercado que componen la denominada “Zona Triple A” no forman parte de los bienes que el municipio de Soledad entregó originalmente en concesión.
- Sin obligación de reversión: Al no formar parte de los activos entregados por la municipalidad, el Tribunal determinó que dicha infraestructura y su mercado asociado no están sujetos al proceso de reversión contemplado para el cierre del contrato.
- Zonas fuera del perímetro: El fallo declara que las áreas ubicadas por fuera del perímetro sanitario definido en el contrato tampoco integran el área concesionada por Soledad, quedando igualmente excluidas de cualquier medida de reversión por ser ajenas al acuerdo.
Impacto en la población soledeña
Los sectores reconocidos por el Tribunal de Arbitramento representan una porción mayoritaria de la operación en el municipio del área metropolitana. Según datos de Triple A, estas zonas agrupan actualmente a cerca de 97 mil usuarios del servicio de acueducto. Esta cifra equivale aproximadamente a 400 mil habitantes, lo que representa alrededor del 54 % de la población total de Soledad.
A través de un comunicado, la compañía expresó que esta decisión judicial ratifica su compromiso histórico con las comunidades de Soledad. Asimismo, señalaron que el laudo reconoce una prestación de servicios que ha acompañado el crecimiento urbano, social y económico del territorio, más allá de las obligaciones pactadas inicialmente en 2001. Finalmente, la empresa constructora del servicio público aseguró que continuará operando para garantizar la calidad y continuidad del suministro en el departamento del Atlántico.
