domingo, noviembre 15, 2026
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Fallo condenatorio contra Ottomar Lascarro por corrupción en caso Centros Poblados

El empresario aportó dos de sus compañías para engañar al MinTIC y asegurar la adjudicación del billonario contrato de internet rural. El procesado recibió un pago de 250.000 dólares en una cuenta en Estados Unidos.

Una Juez Penal de Conocimiento de Bogotá emitió el sentido de fallo condenatorio en contra del empresario Ottomar Lascarro Torres por su responsabilidad en el escándalo de corrupción de la Unión Temporal Centros Poblados. Tras evaluar el material probatorio, la justicia penal determinó que el implicado es responsable de los delitos de enriquecimiento ilícito, fraude procesal y falsedad en documento privado.

La Fiscalía General de la Nación logró demostrar en el juicio las maniobras ilícitas ejecutadas por Lascarro Torres dentro del trámite del contrato 1043 de 2020. Dicho convenio, tasado en un billón de pesos, fue suscrito originalmente entre el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) y la citada Unión Temporal, con el objetivo de llevar conectividad digital a más de 7.000 escuelas rurales del país.

El engaño al MinTIC

De acuerdo con la investigación judicial, el empresario facilitó de manera deliberada los nombres, los registros de experiencia y la información financiera de dos empresas que eran de su propiedad. El propósito de este movimiento era conformar de manera fraudulenta la Unión Temporal Centros Poblados Colombia 2020.

Con esta documentación alterada, la organización logró acreditar una supuesta capacidad técnica y una trayectoria empresarial de la que realmente carecía. Mediante este mecanismo fraudulento, los involucrados hicieron incurrir en un error sustancial a los funcionarios del MinTIC, quienes procedieron a adjudicarles la licitación de conectividad rural.

Pago ilegal en el extranjero

Las pesquisas financieras de los peritos judiciales determinaron que, como contraprestación por su participación en el entramado criminal, el contratista recibió la suma de 250.000 dólares. Los dineros públicos desviados fueron transferidos directamente a una cuenta bancaria a nombre del procesado en los Estados Unidos.

Tras la emisión de este sentido de fallo, el juzgado de conocimiento programará la audiencia pública para la lectura de la sentencia definitiva, donde se fijará la cantidad exacta de años de prisión y la multa económica que el condenado deberá cumplir.

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