Un juez de conocimiento de Cartagena dictó una sentencia condenatoria de 22 años y 6 meses de prisión contra un hombre de 41 años, tras hallarlo penalmente responsable del abuso sexual continuado de una menor de edad perteneciente a una comunidad indígena.
La investigación, liderada por un fiscal adscrito al Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual (Caivas), demostró que las agresiones comenzaron en el año 2019, cuando la víctima tenía 10 años de edad, y se prolongaron de forma sistemática durante tres años. Los hechos se registraron en el barrio Flor del Campo de la capital de Bolívar, sector donde la niña se había asentado con su núcleo familiar tras haber sufrido el flagelo del desplazamiento forzado por parte de grupos armados ilegales en su territorio de origen.
Abuso de confianza y coacción digital
El material probatorio expuesto por el ente acusador reveló el modus operandi del agresor, quien se valió del entorno social y la vulnerabilidad de la familia afectada para cometer los delitos:
- Infiltración en el hogar: El sentenciado aprovechó una estrecha relación de vecindad y confianza con los padres de la menor para ingresar a la vivienda y perpetrar los abusos en los momentos en que la víctima se quedaba sola.
- Acoso y extorsión tecnológica: Se constató que el sujeto enviaba fotografías íntimas a la niña a través de dispositivos móviles con el objetivo de coaccionarla e intimidarla para que ella replicara y le remitiera el mismo tipo de archivos explícitos.
Durante el juicio oral, la Fiscalía General de la Nación demostró la plena culpabilidad del procesado en los delitos de acceso carnal abusivo con menor de 14 años en concurso con actos sexuales con menor de 14 años agravado.
Además de cumplir la pena privativa de la libertad en un centro carcelario, el fallo judicial le impuso al condenado una inhabilitación accesoria para ejercer cargos y funciones públicas por un término de 20 años.
