Un alarmante panorama sobre la situación de orden público y derechos humanos en el país reveló el más reciente Boletín de Movilidad Humana de la Defensoría del Pueblo. De acuerdo con el informe, entre enero y junio de 2026, un total de 80.747 personas resultaron afectadas por los flagelos del desplazamiento forzado masivo y el confinamiento en el territorio nacional.
Desplazamiento y confinamiento al alza
El balance de la entidad pública detalla que, en los primeros seis meses del año, se registraron 83 eventos de desplazamiento forzado masivo que despojaron de sus hogares a 15.960 personas. Los departamentos que concentraron el mayor número de víctimas por esta modalidad fueron Norte de Santander, Cauca, Nariño, Antioquia y Magdalena.
Por otra parte, la Defensoría documentó 44 eventos de confinamiento que restringieron por completo la movilidad de 64.787 ciudadanos. En este apartado, las mayores afectaciones se focalizaron en Putumayo, Caquetá, Chocó y Cauca. La entidad advirtió que la persistencia de estas dinámicas criminales agrava de forma crítica la vulnerabilidad de las comunidades indígenas y afrodescendientes.
Solo en el mes de junio, la crisis sumó 12 nuevos eventos de desplazamiento (2.742 afectados) y seis de confinamiento (3.190 personas impactadas).
Alerta por maltrato a connacionales deportados
Por primera vez, el boletín institucional incorporó un análisis detallado sobre la situación migratoria de los colombianos deportados que regresan al país en vuelos humanitarios y comerciales. En el semestre, la Defensoría acompañó la llegada de 17 vuelos procedentes de Estados Unidos, Chile y España, en los cuales retornaron 1.663 connacionales (361 de ellos llegaron en cuatro vuelos durante junio).
A través de entrevistas voluntarias, se constató que el 66% de estos ciudadanos migró originalmente en busca de empleo o mejores ingresos, mientras que más del 22% lo hizo huyendo del conflicto armado, la inseguridad o las amenazas directas. El 83% manifestó su intención de regresar a sus regiones de origen en Colombia.
Sin embargo, el monitoreo encendió las alarmas al identificar que muchos de los deportados sufrieron condiciones inadecuadas de salud, alimentación, hacinamiento, maltrato verbal, psicológico y violencia física durante sus procesos de expulsión en el exterior.
Acciones institucionales y llamados urgentes
Frente a esta realidad, la Defensoría del Pueblo reportó las acciones desplegadas en el semestre para fortalecer el seguimiento de la movilidad humana, destacando las misiones de monitoreo en la frontera colombo-panameña, la veeduría en los vuelos de retorno y la implementación de la campaña #PásaloPorElVAR, diseñada para prevenir la trata de personas y el tráfico de migrantes en el marco de la Copa Mundial de la FIFA 2026.
Finalmente, el organismo hizo un llamado perentorio a reforzar la articulación interinstitucional y las medidas de seguridad en las regiones de mayor riesgo. Asimismo, instó a activar rutas de protección diferenciada y atención humanitaria urgente para poblaciones de especial protección como niños, niñas, adolescentes, mujeres gestantes y pueblos étnicos.
