Entre los acusados se encuentran Rodrigo Londoño, alias ‘Timochenko’, y Pastor Alape. El tribunal rompe décadas de impunidad al documentar masacres, violencia sexual y atentados de alto impacto como el del «burro bomba» y el ataque contra Álvaro Uribe en Barranquilla.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) propinó un golpe definitivo a la impunidad histórica del conflicto armado colombiano al imputar a 11 antiguos altos mandos de los extintos Bloques Magdalena Medio y Caribe de las FARC-EP. El despacho de la magistrada Julieta Lemaitre Ripoll, correlatora del Caso 10, los halló máximos responsables de crímenes de guerra y de lesa humanidad perpetrados en el norte y nororiente del país.
La decisión tiene un peso político y judicial mayúsculo, dado que entre los imputados figuran dos de los máximos integrantes del último Secretariado de la guerrilla: Rodrigo Londoño, conocido en la guerra como ‘Timochenko’, y Pastor Lisandro Alape Lascarro, alias ‘Pastor Alape’. Los otros nueve procesados fueron comandantes regionales de estas estructuras que sembraron el terror en más de una decena de departamentos.
Los exjefes guerrilleros llamados a responder
El auto de imputación individualiza a los mandos responsables de las dos estructuras de la siguiente manera:
- Por el Bloque Magdalena Medio: Erasmo Traslaviña Benavides (‘Jimmy Guerrero’), Pedro Trujillo Hernández (‘Alberto Cancharina’) y Jairo Reinaldo Cala Suárez (‘Jairo Quintero’ o ‘Jairo Mechas’).
- Por el Bloque Caribe (Bloque Martín Caballero): Abelardo Caicedo Colorado (‘Solís Almeida’); Osmany Landero Fajardo (‘Hernando González’); Gilberto de Jesús Giraldo David (‘Aldemar Altamiranda’); Luis Alejandro Cuadras Solórzano (‘Leonardo Muñoz’); Héctor Enrique Hernández López (‘Fabio Borges’); y Uriel Antonio Oviedo Aldana (‘Manuel Ortiz’ o ‘Mañe’). Este último fue el único capturado por la justicia ordinaria antes del Acuerdo de Paz.
El catálogo de delitos: Sin derecho a perdón judicial
La Sala de Reconocimiento de Verdad concluyó de manera rigurosa que las acciones de estos bloques configuraron crímenes de lesa humanidad y de guerra. Por su extrema gravedad, estas conductas no pueden recibir amnistía ni perdón judicial:
- Crímenes de guerra: Homicidio, desplazamiento forzado, tortura, tratos crueles, violación, violencia sexual, matar o herir a traición, dirigir intencionalmente ataques contra civiles y destruir bienes protegidos por el Derecho Internacional Humanitario (DIH) como hospitales, iglesias y escuelas.
- Crímenes de lesa humanidad: Asignación de responsabilidad directa por asesinato, traslado forzoso de poblaciones, desaparición forzada y otros actos inhumanos.
Adicionalmente, el fallo incluye una imputación conjunta con el Subcaso 01 del Caso 11, enfocado de forma exclusiva en castigar las violencias sexuales, reproductivas, de género y por prejuicio cometidas por la guerrilla contra la población civil.
Hitos del terror documentados por la JEP
La radiografía judicial construida por el tribunal saca a la luz pública detalles de hechos atroces que marcaron la historia nacional y que operaron en zonas con escasa presencia estatal:
- La toma de Chalán (Sucre – 1996): El cruento ataque contra el municipio que incluyó el uso de un «burro bomba» contra la fuerza pública y los civiles.
- Atentado contra Álvaro Uribe (Barranquilla – 2002): El ataque con explosivos perpetrado contra la caravana del entonces candidato presidencial durante su gira en la capital del Atlántico.
- Masacre de La Duquesa (Tibú – 2004): Múltiples asesinatos en zonas rurales del Catatumbo profundo.
Fin a la impunidad del 100% en las regiones
La JEP resalta que, durante décadas, la justicia ordinaria fracasó en la investigación de estos bloques debido a que jueces y fiscales fueron perseguidos, amenazados y ejecutados. Bajo esa dinámica, el desplazamiento y la desaparición forzada en el Caribe y el Magdalena Medio registraron un alarmante 100% de impunidad. Más del 95% de las denuncias no llegaron a juicio y el 72% ni siquiera superó la indagación preliminar.
Para romper este muro de silencio, la Sala contrastó 72 informes de derechos humanos, 1.859 denuncias de la Fiscalía, archivos del Centro Nacional de Memoria Histórica y la Comisión de la Verdad, junto con las declaraciones de 733 víctimas acreditadas. Los desgarradores testimonios provienen de campesinos, docentes, comerciantes, ganaderos, líderes comunitarios y miembros de los pueblos indígenas Barí, Kankuamo, Zenú, Wiwa y Wayuu.
Este pronunciamiento corresponde al tercer Auto de Determinación del Caso 10 a nivel nacional, sumándose a los ya emitidos contra los bloques Oriental y Sur, y el Comando Conjunto Central de las FARC-EP. Los comparecientes tienen ahora los términos legales para pronunciarse ante el tribunal y definir si aceptan o no su responsabilidad en este capítulo de horror.
