El Ministerio de Salud y Protección Social informó que, tras realizar una revisión detallada a la contratación ejecutada por entidades del sector durante el periodo 2022 – 2026, identificó una serie de situaciones administrativas que serán trasladadas a los entes de control y autoridades competentes para determinar si existieron irregularidades.
Según el balance revelado por la cartera sanitaria, nueve entidades adscritas al sector celebraron más de 20.600 contratos directos, los cuales suman un valor aproximado de $8,47 billones.
Principales alertas identificadas en el análisis
La auditoría interna arrojó varias cifras que llamaron la atención del equipo revisor por el volumen de recursos comprometidos y las condiciones de vinculación:
- Contratos simultáneos. Se detectaron 143 personas que mantenían contratos vigentes al mismo tiempo en distintas entidades públicas. En varios de estos casos, la sumatoria de los honorarios mensuales alcanzaba hasta los $46 millones.
- Inconsistencias en seguridad social. El informe evidenció que 176 contratistas presentan posibles novedades o irregularidades en sus aportes al Sistema de Seguridad Social, un aspecto que deberá ser verificado por las autoridades correspondientes.
- Concentración en el Ministerio. En el caso puntual del Ministerio de Salud, se suscribieron 8.517 contratos directos en el cuatrienio analizado. Más de la mitad de estos acuerdos se firmaron entre enero de 2025 y agosto de 2026.
Postura de la ministra Ana María Vesga
La ministra de Salud, Ana María Vesga, aclaró que la detección de estas cifras y patrones de contratación no constituye por sí sola una prueba de conductas ilegales, pero sí amerita un escrutinio rigoroso sobre la ejecución de los dineros públicos.
“Contratar directamente o tener varios contratos no es ilegal. Lo que debe establecerse es si esos servicios eran necesarios, si efectivamente se prestaron, si los valores estaban justificados y quién verificó su cumplimiento”, señaló la funcionaria.
Trazabilidad de los recursos
Desde la entidad explicaron que el propósito de este ejercicio de revisión es garantizar la trazabilidad de los recursos públicos, revisar las condiciones bajo las cuales se justificaron las contrataciones directas y confirmar el cumplimiento real de las obligaciones pactadas. Los expedientes serán remitidos formalmente a las autoridades para que adelanten las investigaciones a que haya lugar.
