La defensora Iris Marín rechazó el supuesto «juicio revolucionario» contra los funcionarios y pidió acciones contundentes al Gobierno Nacional. Además de los agentes del CTI, solicitó la libertad de dos civiles retenidos en Arauca.
La Defensora del Pueblo, Iris Marín, alzó la voz este martes para exigir la liberación inmediata de los agentes del CTI, Jesús Antonio Pacheco Oviedo y Rodrigo Antonio López Estrada, quienes permanecen en poder del ELN desde el 8 de mayo de 2025. El pronunciamiento surge como respuesta directa al video difundido por el Frente de Guerra Oriental de esa guerrilla, en el que aseguran haber sometido a los funcionarios a un «juicio revolucionario».
En dicha pieza audiovisual, el grupo armado —con el que el Gobierno dio por terminados los diálogos de paz— impuso «penas» de 60 meses (5 años) para Pacheco y 55 meses (4 años y 7 meses) para López. Las acusaciones de la guerrilla incluyen supuestos delitos de espionaje y crímenes de lesa humanidad, e incluso mencionaron beneficios de «rebaja de pena» por comportamiento y la posibilidad de un intercambio humanitario.
El llamado humanitario
Para la defensora Marín, estas acciones carecen de legitimidad y agravan una situación humanitaria ya crítica. «Estas personas llevan cerca de un año secuestradas con afectaciones a su salud física y mental; un sufrimiento que se extiende a sus familias y que niega a sus hijos el derecho a crecer con sus padres», enfatizó la funcionaria.
Marín no solo se limitó al caso de los agentes del CTI; también exigió la libertad de Franque Hoyos y Yordin Fabián Pérez, civiles que se encuentran secuestrados en el departamento de Arauca. «Al ELN le exigimos la liberación inmediata de los cuatro funcionarios y de todas las personas secuestradas, así como el respeto pleno de su vida y su integridad», añadió.
Presión al Gobierno
En su declaración, la Defensoría del Pueblo hizo un llamado urgente al Gobierno Nacional para fortalecer las acciones operativas y políticas orientadas a lograr el regreso a casa de los cautivos.
La entidad reiteró su disposición para actuar como mediadora en una liberación «incondicionada e inmediata», mientras la indignación crece en el sector judicial ante lo que consideran una parodia de justicia por parte de un grupo criminal contra servidores del Estado.
