El mandatario José Elías Chams reveló que la menor fue devuelta embarazada tras ser «usada» por el prestamista. El caso pone en evidencia la degradación social y el desespero financiero por el sistema ‘gota a gota’.
En el marco de un Consejo de Seguridad regional, el alcalde de Sabanalarga, José Elías Chams, estremeció a la opinión pública al denunciar un caso que calificó de «deleznable». Según el mandatario, la extrema pobreza y la presión de las deudas llevaron a una pareja del municipio a entregar a su propia hija a un cobradiario como garantía por un préstamo de dinero.
El relato del alcalde describe una situación de abuso sistemático: «Una persona debe un dinero a cuentagotas y le entrega su hija para que la use 30 o 60 días, y luego se la entrega embarazada», detalló Chams. El funcionario lamentó que el hecho no fuera denunciado oportunamente ante la Policía o la Fiscalía, lo que demuestra, según él, una alarmante degradación social en el municipio.
Exigencia de medidas estructurales
Tras la revelación de este caso, el alcalde Chams aseguró que «esto tiene que cambiar» y solicitó al Gobierno Nacional un refuerzo urgente. Entre sus peticiones se encuentran:
- Aumento de unidades de Policía y recursos para seguridad.
- Fortalecimiento del Sistema General de Participación.
- Reformas en la tasa de seguridad para que la inversión por parte de los alcaldes sea obligatoria y forzosa.
Refuerzos para el departamento
Ante la crisis de seguridad y orden público que atraviesa el centro del Atlántico, el Ministro de Defensa, Iván Velásquez (quien lideró la jornada), anunció medidas concretas para la región:
- Tecnología: Sabanalarga y otros 18 municipios recibirán inversión en cámaras de vigilancia, pasando de 411 a 580 dispositivos en todo el departamento.
- Pie de fuerza: Llegarán un destacamento del Gaula, un pelotón adicional del Ejército y dos unidades de Policía Judicial para combatir la extorsión y el crimen organizado.
Este caso ha encendido las alarmas sobre el alcance criminal de los préstamos ‘gota a gota’, que han pasado de la presión económica a la explotación humana en las zonas más vulnerables del Atlántico.
